Blindar Europa

El pasado 19 de octubre se conoció que la empresa GMV resultó adjudicataria de la ampliación de un par de fases de Eurosur, un sistema descentralizado de intercambio de información sobre la vigilancia de las fronteras europeas. Otras multinacionales españolas como Indra también participan en proyectos de vigilancia liderados por la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex).

Ceuta y Melilla eran hasta el año 2005 la principal puerta de entrada para los inmigrantes subsaharianos que deseaban alcanzar Europa. Después de que varias decenas de personas intentaran superar las vallas que separan estas ciudades del vecino Marruecos en 2006, se cerraron algunos centros de atención a inmigrantes y se extremaron los mecanismos de vigilancia. Quienes anhelaban pisar suelo español se vieron obligados a probar fortuna por nuevas rutas.

Se produjo así un desplazamiento hacia los países africanos de la costa atlántica, desde donde partirían embarcaciones con los que pretendían llegar a las Islas Canarias y Andalucía. Muchos perdieron la vida en el intento. Basta un repaso fugaz por la prensa para conocer los hechos. A veces también salen a la luz los nombres, la nacionalidad o el pasado de quienes realizan la travesía. El periodista José Naranjo lo cuenta en Cayucos o Los invisibles de Kolda: Historias olvidadas de la inmigración clandestina.

Las autoridades solicitaron la asistencia de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), lo que iba a permitir “controlar en origen las salidas”, según apuntaba María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno español en aquellas fechas. La frase revela la esencia de la externalización de fronteras, una expresión que hace referencia a los acuerdos por los que Europa traslada el control de la inmigración a terceros países como Marruecos, Mauritania o Senegal a cambio de ayudas económicas o materiales, como ya relatamos en Hemisferio Zero.

En los últimos años España ha suministrado a dichos estados diferentes tipos de aviones y helicópteros con el fin de vigilar la “inmigración clandestina”, en ocasiones, por el “precio simbólico de 100 euros”. Funcionarios africanos, con la ayuda o connivencia de los agentes europeos, continúan frustrando los intentos de sus conciudadanos por migrar a Europa, a veces deteniéndolos antes de la partida y, por tanto, antes de ejercer el derecho a salir de su propio país, como recoge el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Valla de Melilla en 2005. Fotografía: Fronterasur/Flickr.

Se estrechaba así la cooperación entre España, la Unión Europea y varios estados africanos con la puesta en marcha de programas multilaterales, entre los que destaca Frontex, con un presupuesto para 2012 que ronda los 85 millones de euros. Unos años antes, el Programa Seahorse permitió el adoctrinamiento de las autoridades de países subsaharianos en materia de “inmigración irregular”, entre otras actividades. El programa estuvo dirigido por el Ministerio del Interior, gestionado operativamente por la Guardia Civil, y contó con un presupuesto de seis millones de euros para el período 2006-2009 que financió la Comisión Europea. Una de las mayores beneficiarias fue la corporación española Indra, a quien el Consejo de Ministros adjudicó el desarrollo de Seahorse Network.

Un complejo entramado tecnológico, difuso entre multitud de siglas –SIVE, MRR, Eurodac, SIS…-, permite controlar los movimientos de personas dentro de la Unión Europea. Tanto despliegue técnico desde hace años no impide, sin embargo, la muerte de centenares de seres humanos que buscan un futuro mejor en Europa. Distintas organizaciones humanitarias han acusado a Frontex de “generar mayor sufrimiento“, así como del incumplimiento por parte de los estados de la legislación internacional en materia de asilo o protección.

Uno de los casos más llamativos, habida cuenta de la dificultad de probar en juicio las acusaciones, es el del senegalés Lauding Sonko, quien falleció después de que la Guardia Civil le pinchase el salvavidas. Su causa ha sido reabierta por un juzgado de Ceuta. El pasado febrero, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas estimó que se había producido “una violación de los artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, por lo que instó al Estado español “a efectuar una investigación adecuada e imparcial de los hechos que se produjeron el 26 de septiembre de 2007, a perseguir y condenar a las personas responsables de esos actos y a conceder una reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del Sr. Sonko”.

Optar al asilo, cada vez más difícil

Los afganos aparecen en el listado de las tres nacionalidades con mayor presencia en la ruta migratoria de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo oriental y central, según apunta Frontex. Teniendo en cuenta la violencia que asola al país asiático desde hace décadas, y especialmente el conflicto a partir de 2001, cabe cuestionarse si en vez de emigrantes no se tratará de posibles solicitantes de asilo, a los que la Unión Europea habría de proteger en virtud de los convenios internacionales a los que sus países miembro se han adherido.

Parecida situación viven los ciudadanos del norte de África que han huido de la violencia hacia Malta, Lampedusa u otros puntos del Mediterráneo desde el pasado 2011. El río Evros ve perecer todos los años a personas que cruzan a nado de Turquía a Grecia. El país heleno va incorporando en su territorio una valla que acentúa la frontera -aun sin financiación europea-.

El pasado octubre, un sirio de 25 años que había huido del conflicto en su país a través de Turquía y hasta Grecia narraba a esta periodista cómo las autoridades griegas le habían lanzado una noche al agua del Evros después de tenerlo retenido en un centro por varias horas, sin bebida y acompañado de decenas de personas, menores incluidos. Según su relato, la misma suerte corrieron al menos dos somalíes, un afgano y un sudanés que trataban de solicitar asilo en Grecia, y que hubieron de superar la corriente hasta la otra orilla. “Ahora sois responsabilidad de Turquía”, les espetaron en inglés. “Vi a dos hombres que braceaban de regreso al lado griego, les suplicaron que les dejasen volver, pero no hubo manera. Me negué a rogar”, explicó el joven. Pidió que su nombre no apareciera publicado porque sentía que era la mayor humillación a la que le habían sometido en su vida.

No se atajan las causas de la inmigración

En un famoso artículo escrito para Le Monde Diplomatique, el ex Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación Jean Ziegler criticaba que primero se instaura el hambre para después criminalizar a quienes huyen de ella.  En Senegal, por ejemplo, las empresas españolas contribuyen a esquilmar los caladeros de pesca y, por tanto, terminar con el modo de vida tradicional de los pescadores artesanales. Muchos de esos pescadores son los que después alquilan sus barcas para el transporte de emigrantes por no disponer de más sustento.

Se actúa con dureza sobre inmigrantes o solicitantes de asilo, pero no se erradican los factores que motivan su partida. Asumimos sin mucha reflexión que los intereses de empresas gestionadas por algún compatriota se corresponden al bien común. Y gastamos miles de millones en construir muros en nombre de la manida seguridad, pero somos incapaces de ofrecer un hogar a quien huye de un conflicto armado. Europa se blinda, selectivamente.

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